El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes 10 de agosto dejó más de 130 muertos y llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia nacional, con más de 2.700 personas reportadas como desaparecidas, según los recuentos de El País y AP.
El epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una de las regiones más aisladas del país, donde parte del territorio solo es accesible por barco, selva o avioneta, según AP. El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes 7 de agosto, instaló puestos de mando unificados en Bogotá, Quibdó, Cali y Armenia y se trasladó a la zona del desastre. La ayuda internacional se activó en cuestión de horas: Estados Unidos anunció 15,5 millones de dólares y la CAF una donación de 500.000 dólares, de acuerdo con El País. México, que opera el sistema de alerta sísmica y cuenta con fondos para la reconstrucción tras desastres, tiene en la velocidad de esa activación la referencia para dimensionar sus propios mecanismos ante un sismo de magnitud similar.
El sismo, el de mayor magnitud en Colombia desde 1979, se sintió también en Ecuador, Panamá y Venezuela. Hasta la noche del lunes, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) contabilizaba 132 fallecidos y más de 500 heridos, y AP reportaba unos 1.600 edificios dañados o colapsados. En Cali, donde se decretó toque de queda, la cifra de desaparecidos llegaba a 188 y se reportaron más de 5.000 viviendas afectadas; Pereira, Quibdó y Manizales concentraron los daños más graves, con hospitales evacuados. AP describe el sismo como la primera gran prueba para la administración que asumió el viernes. La cifra de víctimas sigue en movimiento: los equipos de rescate trabajan entre los escombros y las familias difunden en sitios web ciudadanos los datos de sus desaparecidos.
La fase de reconstrucción pondrá a prueba los mecanismos de financiamiento que ya se activaron, mientras el gobierno nombra este martes al nuevo titular de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para México, la señal a seguir es cuánto tarda en operar ese financiamiento cuando ocurre un desastre.
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