El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, interrumpió el 30 de octubre de 2026 su vuelo hacia Senegal y regresó a Varsovia, después de que la jueza de mayor antigüedad del Tribunal Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, suspendiera por un mes al presidente del órgano, Bogdan Święczkowski, y asumiera su dirección.

La suspensión se apoyó en el artículo 130 de la Ley del Régimen de los Tribunales Ordinarios, según El País, que reportó que la cúpula del tribunal bloqueaba la Asamblea General de jueces encargada de aprobar el presupuesto. El tribunal rechazó la medida y sostuvo que su titular seguía en funciones, en una disputa que arrastra desde 2015 y que se agudizó este año: RTÉ, con información de Reuters, reportó que Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró en 2021 que esos nombramientos vulneraron normas fundamentales, según El País. El episodio importa a México y a América Latina como referencia comparada sobre tensión entre poderes y reglas de designación judicial, un debate con eco en varias reformas de la región.

Tras su regreso, Nawrocki acusó al gobierno de Donald Tusk de una toma forzada de un órgano constitucional, señalamiento que El País atribuye al mandatario. El primer ministro defendió la actuación: «Restaurar el Estado de derecho es nuestro deber», declaró, según el mismo medio. El ministro de Justicia, Waldemar Zurek, pidió retirar la inmunidad a Święczkowski y a su adjunto, Bartłomiej Sochański. Frente a la sede se concentraron cientos de manifestantes; la policía informó de tres detenidos tras incidentes y siete jueces permanecían dentro del edificio, de acuerdo con El País. Slawomir Mentzen, colíder de Konfederacja, dijo al diario que «ya no se trata de una crisis constitucional, estamos al borde de un golpe de Estado».

La jueza Korwin-Piotrowska convocó la Asamblea General del tribunal para el 3 de noviembre, según El País, y Nawrocki anunció consultas urgentes con los líderes parlamentarios. Esa fecha mostrará si el conflicto se encauza por la vía institucional o escala a una nueva disputa sobre la legitimidad de los nombramientos.

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