El Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero reporta el retorno de 264 de las 316 familias desplazadas por la violencia de mayo, un 84 por ciento. El informe se presentó este lunes 17 de agosto en Chilapa con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al frente.

Los ataques que entre el 6 y el 11 de mayo dejaron 800 personas fuera de sus hogares en comunidades nahuas de Chilapa, y la respuesta arrancó con un plan articulado desde el 13 de mayo. El esquema opera en 19 comunidades de cuatro municipios: Chilapa, Atlixtac, Olinalá y Zapotitlán Tablas, con 800 acciones que benefician a más de 22 mil pobladores y la participación de 19 instituciones federales además de decenas del gobierno estatal. Se organiza en 13 ejes: construcción de paz, seguridad, justicia, campo, medioambiente, salud, cultura, educación, bienestar, infraestructura, conectividad, alimentación y vivienda. El modelo importa para México porque convierte la atención al desplazamiento por violencia en una política de coordinación federal-estatal con medición de resultados.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, precisó las cifras del avance: 264 familias ya regresaron y 52 permanecen pendientes de retorno. En el componente de vivienda, la Sedatu trabaja los apoyos para quienes perdieron sus casas, y para este año se anunció la conclusión de los caminos artesanales. El plan contempla metas por eje y herramientas como el Tianguis del Bienestar, las Ferias de Paz, Jóvenes Construyendo el Futuro y el Banco del Bienestar, junto con servicios de salud y programas de bienestar en las comunidades. La secretaria de Gobernación anunció que regresará con la secretaria de Agricultura para la entrega de maíz y frijol, dentro de la agenda productiva del plan. La presencia institucional será permanente, con un puesto de mando en Chilapa.

La meta inmediata es completar el regreso de las 52 familias restantes y sostener las condiciones que hagan duradero el retorno. La Montaña deja así un esquema de seguimiento que otras regiones con desplazamiento por violencia pueden tomar como referencia de política pública.

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