Un estudio publicado el 10 de agosto en el Journal of Urban Affairs, reportado por Nature, analizó 11,500 vecindarios y 46 millones de residentes en más de 100 ciudades de Estados Unidos. No encontró que el crecimiento de la población indocumentada impulse el crimen: en los vecindarios donde esa población aumentó, el delito patrimonial y las agresiones con lesiones disminuyeron.

El trabajo fue firmado por investigadores de la Universidad de California en Irvine, la Universidad de Stanford y la Universidad de Akron. Para estimar la población indocumentada, combinó datos censales restringidos de un centro federal de investigación de Estados Unidos con estadísticas delictivas entre 2010 y 2018, y aplicó un método similar al del Departamento de Seguridad Nacional. La criminóloga Charis Kubrin, primera autora, señaló que es el primer estudio que analiza esta relación a escala de vecindario con una muestra nacional tan amplia. El tema toca de cerca a México: el debate sobre inmigración y seguridad en Estados Unidos alcanza a comunidades mexicanas en ambos lados de la frontera, y la evidencia sobre quién delinque y quién es víctima alimenta las narrativas que llegan a esas familias.

Entre 2010 y 2018, la proporción de indocumentados en un vecindario promedio pasó de 5.6% a 4.8%. En las zonas donde esa proporción creció, los delitos patrimoniales (robo a casa habitación y robo de vehículos) y las agresiones con lesiones bajaron. La excepción fueron los robos con violencia, que aumentaron; los investigadores lo atribuyen a la victimización, no a la perpetración: quienes no tienen estatus regular suelen cobrar en efectivo, evitan los bancos y dudan en denunciar por temor a la deportación. Los autores señalan que el hallazgo contradice la premisa, presente en el debate público, de que la migración indocumentada eleva la criminalidad.

El estudio se suma a la evidencia que no encuentra relación entre migración y criminalidad y deja un referente medible para la próxima discusión sobre política migratoria en Estados Unidos. La lectura de ese dato, con sus matices sobre la victimización, seguirá ocupando el debate que alcanza a las comunidades mexicanas en la frontera.

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