A menos de 100 días de los comicios de medio término de noviembre en Estados Unidos, las autoridades del condado de Delaware, en Pensilvania, añadieron al juramento de sus trabajadores electorales una cláusula que prohíbe tener interés directo o indirecto en apuestas o mercados de predicción como Kalshi y Polymarket. Unas 2,500 personas firmaron la declaración, según reportó Wired.

La medida se inscribe en un vacío regulatorio que viene de 2024, cuando un fallo judicial impidió a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) bloquear este tipo de apuestas. Un análisis de NBC News contabilizó cerca de 200 millones de dólares en volumen de operaciones sobre el resultado de los comicios en Kalshi y Polymarket, y Votebeat, medio especializado en administración electoral, detalló que la mayoría de los estados tiene leyes que prohíben apostar en elecciones, aunque muchas datan de antes de la era de estas plataformas. Para la administración electoral de la región, el caso estadounidense es una señal temprana del rumbo regulatorio de estos mercados a medida que su volumen crece.

Las cifras dimensionan el desafío. Una encuesta de la Partnership for Large Election Jurisdictions halló que 75 por ciento de los consultados no pudo explicar qué representan las probabilidades de un mercado de predicción, y 35 por ciento creía que eran votos contados o proyecciones oficiales. En las primarias de Wisconsin de la semana pasada, Kalshi y Polymarket señalaron como favorita a la candidata Francesca Hong hasta que comenzaron los conteos. Dean Logan, encargado electoral del condado de Los Ángeles, señaló que los mercados alimentaron la volatilidad tras las elecciones de junio y se tradujeron en amenazas u hostilidad hacia personas involucradas en el proceso. En Pensilvania, la declaración ampliada alcanza a unas 2,500 personas, entre personal de planta y empleados temporales.

Los comicios de noviembre pondrán a prueba estos protocolos. Cuando las probabilidades de los mercados difieran de los resultados certificados, la administración electoral tendrá que explicar la diferencia, y la experiencia documentada por medios especializados será un insumo para el diseño de salvaguardas en otras latitudes, incluida la mexicana.

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