La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 10 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, dentro del Paquete Económico 2027, para reducir la circulación de efectivo. La propuesta llega con respaldo de la banca y con una pregunta abierta sobre la infraestructura disponible fuera de las capitales estatales.
El proyecto establece que, en los 15 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará los sectores estratégicos y las actividades en las que solo se aceptarán pagos digitales y electrónicos. Desde la Convención Bancaria de marzo de 2026, el gobierno planteó hacer obligatorio el pago digital en gasolineras y casetas durante este año. El CEO reporta que especialistas del sector financiero ubican en la conectividad y en el costo de comisión los principales puntos por resolver, sobre todo en el sur del país. En México alrededor del 85% de los pagos se realizan en efectivo, por debajo del 95% de años previos.
James Salazar, subdirector de análisis económico de Kapital, señaló a El CEO que la medida aporta trazabilidad en el mediano plazo, mientras que en el corto plazo persisten retos de inversión en conectividad y de fricción con clientes que no logran pagar de forma digital. Guillermo Guzmán, director de la academia de inversiones Trading Advisor, coincidió en que la transición requiere conectividad, tecnología y comisiones razonables en pagos con tarjeta y terminales punto de venta. El Financiero detalla que la iniciativa reconoce a la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación remota de servicios financieros e impulsa el uso de códigos QR y dispositivos NFC. Arturo Luna, vicepresidente de pagos de FinTech México, señaló que la meta es que los pagos digitales alcancen el 50% del gasto del consumo privado en 2030.
Con la iniciativa en el Congreso, el siguiente hito es la lista de sectores estratégicos que Hacienda publique en los 15 días hábiles posteriores al decreto. Ese calendario y la meta de 50% al 2030 marcan la ruta de la transición.
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