El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el lunes 7 de septiembre la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por tres consejeros y coordinada con siete autoridades federales, según El Universal. El mecanismo operará de cara al proceso electoral de 2027 y quedó presidido por el consejero Arturo Chávez López.

La comisión introduce una etapa que no formaba parte del proceso: los tres consejeros podrán solicitar información directamente a las fiscalías estatales sobre los aspirantes, y la revisión correrá de las precandidaturas hasta las candidaturas, incluidos los suplentes, de acuerdo con El Financiero. El INE la presentó como un mecanismo de prevención de riesgos de infiltración delictiva y subrayó que en todo momento prevalecerá la presunción de inocencia y la estricta confidencialidad; la información recibida no constituirá declaraciones de elegibilidad ni alterará los derechos político-electorales. Para el calendario de 2027, la novedad institucional es que la verificación de vínculos con el crimen organizado queda dentro del proceso de selección de candidaturas, antes del registro, con las fiscalías como fuente primaria de datos.

La comisión la completan los consejeros Norma De La Cruz Magaña y Uuc-kib Espadas Ancona. En la coordinación interinstitucional participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Chávez López dijo que "la delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista". El INE precisó que la inclusión de aspirantes en las listas de revisión será voluntaria y que, si aparece un riesgo razonable, la decisión final de mantener una postulación corresponderá únicamente a los partidos políticos y a los candidatos independientes.

La primera aplicación del mecanismo llegará cuando las fiscalías estatales respondan las solicitudes conforme avance el calendario de 2027, la primera contienda en la que las candidaturas pasarán por este filtro antes del registro. La forma en que la comisión resuelva los casos de riesgo razonable, siempre bajo presunción de inocencia, marcará la pauta de ese proceso.

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