El Departamento de Regulación de Pesticidas de California (DPR) anunció el 10 de agosto la cancelación de todos los registros de paraquat en el estado, con un retiro gradual de dos años. California es el mayor usuario de ese herbicida en Estados Unidos y el segundo estado, después de Vermont, en prohibirlo.

La medida cierra un proceso iniciado en 2024, cuando la legislatura estatal aprobó una ley que obligaba al regulador a reevaluar los riesgos del herbicida para la salud. La revisión preliminar del DPR confirmó asociaciones entre la exposición al compuesto y daños a la tiroides, defectos de nacimiento y riesgos para aves y mamíferos. Ante la exigencia de nuevos estudios científicos, los fabricantes, entre ellos Syngenta, optaron por retirar sus registros de forma voluntaria a partir de abril, y el último lo hizo el 6 de agosto. El estándar que adopta California ya está vigente en más de 70 países, incluidos China, el Reino Unido y la Unión Europea, de acuerdo con The Guardian.

El paraquat se aplica en millones de acres de cultivos estadounidenses: unas 14 millones de libras se usan cada año en uvas de vino, pistachos, almendras, cítricos, soya y algodón, concentradas en el valle central de California. La exposición se ha asociado con la enfermedad de Parkinson, y su intoxicación no tiene antídoto. El DPR también señaló que el compuesto permanece en el suelo potencialmente durante décadas, lo que complica las restricciones de uso como medida de protección ambiental. Syngenta, que producía la mayor parte del herbicida, retiró su permiso en abril y anunció que dejará de fabricarlo. Bajo la ley estatal, los distribuidores podrán vender los productos cancelados hasta dos años después de cada cancelación, mientras la agencia financia investigaciones sobre alternativas de manejo sostenible de plagas.

El retiro de los registros se completará en dos años, en un proceso paralelo a una demanda de grupos de salud pública contra la Agencia de Protección Ambiental federal por la reautorización del herbicida. El caso californiano deja una referencia de diseño regulatorio: una reevaluación periódica de riesgos respaldada por ley, que en este caso terminó con la retirada voluntaria de la industria.

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