El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) documentó que 13% de los adolescentes mexicanos de 12 a 17 años que usan internet sufrió explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en el último año, unos 1.6 millones, según el estudio Disrupting Harm México presentado el 5 de octubre de 2026 ante legisladores mexiquenses.

El estudio lo realizaron Unicef, ECPAT International e INTERPOL con financiamiento de Safe Online, y encuestas a adolescentes de 12 a 17 años levantadas entre 2024 y 2025 en 16 países. La Jornada Estado de México reportó el 5 de octubre que el informe se presentó ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXII Legislatura mexiquense. El patrón que describe no es el de un desconocido que acecha en la red: Milenio indica que en 64% de los casos la persona agresora era conocida por la víctima. Para México el dato conecta con una realidad cotidiana, porque 99% de los adolescentes usa internet y el celular es su dispositivo principal.

El informe desagrega el vínculo con la persona agresora: 29% eran amistades, 19% parejas o exparejas y 16% familiares, mientras que 15% eran desconocidos. En 39% de los casos el primer encuentro ocurrió en la escuela y en 31% por internet. Las plataformas más mencionadas fueron Facebook, con 52% de los casos, y WhatsApp; también aparecen Instagram, TikTok y videojuegos en línea. Casi la mitad de las víctimas, 47%, vivió más de una modalidad de abuso en el mismo periodo. José Antonio Ruiz Hernández, oficial nacional de Protección a la Infancia de Unicef, planteó que los estados deben ver cómo pueden reforzar sus medidas para prevenir, combatir y castigar la explotación digital. El silencio acompaña al dato: 32% de las víctimas no lo contó a nadie y menos de 1% denunció ante la policía.

Unicef recomendó reconocer y sancionar de forma expresa la violencia sexual digital, habilitar mecanismos de denuncia accesibles para menores y capacitar al sector educativo. La comisión legislativa mexiquense que recibió el informe lo integra a su agenda de análisis, con la revisión del marco legal vigente como siguiente paso.

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