La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inmovilizó 24 mil 622 cuentas bancarias por más de 8 mil 670 millones de pesos entre octubre de 2024 y agosto de 2026, y una de cada tres está vinculada a integrantes de organizaciones criminales, según las cifras que su titular, Omar Reyes Colmenares, presentó el 28 de agosto de 2026.
El bloqueo financiero opera como una herramienta administrativa que antecede a cualquier proceso penal: busca cortar el flujo de recursos que sostiene a los grupos delictivos. El Informador documentó que los bloqueos se reparten por entidad, con Ciudad de México (2 mil 300 cuentas), Jalisco (mil 185), Nuevo León (955), Sinaloa (723) y Baja California (356). Para México, el intercambio con unidades de inteligencia financiera de otros países es el eje del mecanismo, porque el dinero cruza fronteras mediante transferencias, empresas y compra de bienes. La UIF precisa que una inmovilización no equivale a una sentencia y que las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con garantía de audiencia dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.
El CJNG y el Cártel de Sinaloa concentran los congelamientos: cuatro mil 439 cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación y dos mil 289 del Cártel de Sinaloa, según El Sol de México. La dependencia incorporó a dos mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas. El ritmo de los bloqueos crece: 184 cuentas en 2024, 6 mil 942 en 2025 y 17 mil 496 en los primeros ocho meses de 2026, de acuerdo con Vanguardia. Por extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que arrancó el 6 de julio de 2025, se inmovilizaron mil 443 cuentas, 5.9 por ciento del total, y en robo de hidrocarburos la UIF sumó 163 personas a esa lista y más de 218 millones de pesos, con 144 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
La propia UIF reporta que su plantilla pasó de 183 a 293 servidores públicos entre 2024 y 2026, y que trabaja en modelos de riesgo y mecanismos de intercambio de información. El siguiente tramo, según la dependencia, consiste en convertir las operaciones inusuales en investigaciones y, cuando existan elementos, en judicializaciones y recuperación de activos.
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