La Comisión Europea impuso el 20 de julio una multa de 550 millones de euros a AliExpress, la mayor sanción emitida bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), por no frenar la venta de productos falsificados, juguetes inseguros y cosméticos peligrosos en su plataforma. La decisión establece un antecedente que reguladores de consumo en América Latina, incluido México, pueden observar al diseñar sus propios marcos de vigilancia sobre plataformas de comercio electrónico transfronterizas.
La investigación, abierta en marzo de 2024, documentó que los revisores de contenido de AliExpress disponían de escasos segundos para evaluar la legalidad de un producto, según el expediente administrativo de la Comisión. Millones de artículos señalados como ilegales reaparecían en la plataforma y en ocasiones permanecían disponibles durante más de un mes. La DSA obliga a las plataformas con más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea a identificar y mitigar riesgos sistémicos, mantener evaluaciones internas y asignar recursos humanos proporcionales al volumen de anuncios. Esta es la tercera sanción relevante bajo la norma, tras las multas a X (120 millones de euros en diciembre de 2025) y a Temu (200 millones de euros en mayo de 2026).
La Comisión detalló que los vendedores eludían la verificación de marca mediante la recategorización de productos falsificados como genéricos, y que el sistema de recomendación de la plataforma amplificaba la visibilidad de artículos no conformes. La comisaria europea Henna Virkkunen declaró que la propagación de estos productos no es un costo inevitable del comercio en línea sino un incumplimiento de las obligaciones de la plataforma, de acuerdo con el comunicado oficial de la Comisión. AliExpress calificó la multa de desproporcionada y anunció que evalúa recurrirla. La sanción representa menos del 1% de la facturación global anual de Alibaba, matriz de la plataforma, estimada en 122 mil millones de euros; el máximo legal de la DSA es el 6%.
La plataforma tiene hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar un plan de cumplimiento. De no presentarlo, la DSA prevé multas coercitivas de hasta el 5% de su facturación diaria global. Para las autoridades de protección al consumidor en América Latina, la aplicación de la DSA ofrece un caso en vivo sobre cómo auditar sistemas de control de plataformas, fijar plazos correctivos y calibrar sanciones disuasivas sin paralizar la operación comercial.
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