La Comisión Europea impuso el 23 de julio de 2026 una multa de 890 millones de euros a Google por violar la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), la sanción más alta aplicada bajo esta norma desde que entró en vigor en 2024, según documentó Al Jazeera.
La multa se divide en dos sanciones independientes. La primera, de 460 millones de euros, corresponde a que Google favoreció sus propios servicios de búsqueda (compras en línea, hoteles, transporte y resultados deportivos) sobre los competidores en las páginas de resultados de su motor. La segunda, de 430 millones de euros, deriva de restricciones que la empresa aplicó a desarrolladores de aplicaciones en Play Store que pretendían redirigir a usuarios hacia opciones de compra externas a ese ecosistema. Excélsior reportó que Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión para asuntos digitales, señaló que la medida busca "garantizar un terreno de juego equitativo" para todos los participantes del mercado. Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, declaró que "los mejores productos deben tener éxito porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que ejecuta el motor de búsqueda."
Google tiene 60 días para cumplir con las disposiciones de la Comisión; si no lo hace, enfrenta multas periódicas de hasta 5% de sus ingresos anuales globales. La multa de 890 millones supera las sanciones previas bajo la DMA y se acumula a los 8,200 millones de euros que la UE impuso a Google entre 2017 y 2019, más 2,950 millones en 2025. La empresa puede apelar la resolución ante el Tribunal General de la UE. Las dos infracciones sancionadas son las primeras under the DMA que llegan a este nivel de multa contra una misma compañía en un solo caso.
La resolución establece el parámetro de referencia más alto bajo la DMA y llega a reguladores de todo el mundo en un momento en que México y América Latina avanzan en marcos propios de regulación digital; el debate sobre los límites de las plataformas dominantes tiene ahora un precedente cuantificado con el que construir criterios de cumplimiento locales.
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