El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó el 14 de julio de 2026 denuncias penales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó El Financiero.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que de los 17 fallecidos, 14 perdieron la vida en centros de detención migratoria y tres durante operativos de campo del ICE. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años abatido por disparos de un agente migratorio en Houston, Texas, incidente que tanto la alcaldía de Houston como el gobierno estadounidense investigan de forma independiente. Sheinbaum llamó a todos los partidos políticos y al Congreso mexicano a presentar solicitudes formales de información y a expresar su rechazo a la violación de derechos humanos de connacionales en Estados Unidos, reportó Excélsior.
El canciller Roberto Velasco notificó previamente al embajador estadounidense Ronald Johnson la decisión de México, quien se mostró receptivo a la preocupación mexicana según fuentes diplomáticas. La SRE también explora sumarse como amicus curiae a una demanda colectiva civil contra el ICE y ha anunciado acciones legales adicionales contra empresas privadas que operan centros de detención migratoria. El Senado mexicano aprobó un pronunciamiento unánime de condena el 13 de julio, en tanto la Cámara de Diputados prepara puntos de acuerdo para exigir investigaciones exhaustivas e imparciales.
La decisión marca un cambio en la estrategia de protección consular mexicana, que pasa de la gestión diplomática a la acción judicial directa en tribunales estadounidenses. Para una diáspora de más de 37 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, el precedente consular que abre esta denuncia inaugura una vía de defensa de derechos de ciudadanos mexicanos en el exterior con implicaciones para los próximos años.
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