La presidenta Claudia Sheinbaum envió el 8 de septiembre de 2026 a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que faculta a la Secretaría de Hacienda para definir los sectores donde el pago digital sea la única vía aceptada.
La iniciativa llega a un sistema de pagos con infraestructura madura y adopción desigual. El Economista reporta que CoDi cerró 2025 con 4.4 millones de operaciones, frente a 4.2 millones en 2024, y un acumulado de casi 19 millones desde su lanzamiento en septiembre de 2019, por debajo de la expectativa inicial de casi 28 millones solo en su primer año. DiMo, lanzada en 2023, sumó 16.4 millones de usuarios y 3.1 millones de operaciones al cierre de 2025, de acuerdo con el informe anual de infraestructura financiera de Banco de México. Para México, el punto es de escala: el efectivo sigue siendo el medio dominante en compras pequeñas, y la ley busca mover ese flujo hacia rieles digitales ya existentes.
El texto define varias piezas operativas. La Secretaría de Hacienda determinará los sectores y actividades estratégicas donde el pago digital sea la única forma aceptada, con transición gradual y salvedades ante contingencias. Se suma la CURP Digital como mecanismo de confianza para la contratación digital de servicios financieros, y la iniciativa contempla nuevas atribuciones para Banco de México y la CNBV sobre la infraestructura de aceptación de pagos. Los tres órdenes de gobierno deberán aceptar pagos digitales en trámites públicos. FinTech México, que agrupa a 200 empresas, respaldó el proyecto y pidió plazos graduales y neutralidad tecnológica, según Expansión. Un análisis de Asimetrics Abogados recogido por el mismo medio advierte que el proyecto faculta a Hacienda para prohibir el efectivo en sectores completos, y firmas como White & Case y RMR Abogados señalan que carece de régimen sancionador directo.
El siguiente paso está en el Congreso, donde la iniciativa se discutirá junto con el Paquete Económico 2027. La velocidad de la adopción y el diseño de la regulación secundaria definirán si los mandatos de aceptación se traducen en operaciones reales o quedan como infraestructura disponible.
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