La Secretaría de Educación Pública emitió el 30 de julio de 2026 una instrucción dirigida a todas las autoridades educativas del país para garantizar que ninguna institución privada opere bajo denominaciones como "militarizado", "militar" o "castrense" a partir del ciclo escolar 2026-2027; Mario Delgado, titular de la SEP, ordenó que las escuelas afectadas entreguen la documentación de sus alumnos y devuelvan a las familias los pagos por reinscripción, uniformes y útiles escolares.
La decisión inscribe en la agenda de política educativa federal un debate que llevaba tiempo en el ámbito regulatorio: los límites del modelo de disciplina militar en instituciones privadas de educación básica. De acuerdo con El Universal y Quadratín, la SEP solicitó a los gobiernos estatales revisar los permisos otorgados a estas instituciones y cancelar los que no cumplan los nuevos criterios. El mecanismo es relevante porque la educación básica privada opera en concurrencia entre federación y estados: la SEP fija los contenidos y los criterios de funcionamiento, pero son los gobiernos estatales quienes autorizan y supervisan localmente.
El alcance de la instrucción implica al menos tres dimensiones de implementación para las autoridades estatales:
- Identificar el universo de planteles con denominaciones o prácticas prohibidas en su territorio. - Coordinar la devolución de documentos y pagos a familias antes del inicio del ciclo 2026-2027. - Ajustar sus protocolos de autorización para que ningún plantel nuevo pueda recibir permiso bajo esas modalidades.
La instrucción de la SEP abre una ventana de seguimiento durante las próximas semanas. La respuesta de los sistemas educativos estatales y las posibles acciones legales de planteles afectados serán los indicadores más concretos del avance real de esta política a nivel local.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.