La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el párrafo que hacía de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera de Nuevo León la única autoridad estatal facultada para congelar cuentas. La sentencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2026, deja vigente el resto de la reforma de 2024.

El fallo resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 58/2024 y su acumulada 67/2024, con ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, y reconoció la validez de los artículos 2, fracción VII, 10, fracción VI Bis 1, 33 Bis en sus párrafos primero y segundo, y 33 Bis I, adicionados por el Decreto 196, publicado en el Periódico Oficial de Nuevo León el 12 de febrero de 2024. La invalidez surte efectos retroactivos al 13 de febrero de 2024, cuando esa reforma entró en vigor, por tratarse de materia penal. El criterio delimita la frontera entre lo estatal y lo federal en el aseguramiento de cuentas, un punto que observan las entidades con áreas propias de inteligencia financiera.

El párrafo anulado del artículo 33 Bis designaba a la Fiscalía Especializada como la única autoridad estatal facultada para inmovilizar cuentas o valores del sistema financiero. El Tribunal Pleno consideró fundados los argumentos sobre invasión de la competencia federal en materia procedimental penal y se apoyó en los artículos 138, fracción II, y 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde esa medida opera como providencia precautoria decretada por la persona juzgadora. Según Milenio, la resolución implica que la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de la Tesorería estatal y la Fiscalía Especializada deberán convivir, y que la Fiscalía ejercerá funciones de investigación de delito. La Corte ordenó publicar la sentencia también en el Periódico Oficial de Nuevo León y en el Semanario Judicial de la Federación.

El efecto retroactivo implica que los aseguramientos e inmovilizaciones de cuentas realizados al amparo de la norma invalidada deben dejarse sin efecto a partir de la notificación al Congreso de Nuevo León. El criterio queda como referencia para las entidades que operan áreas propias de inteligencia financiera.

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