Un reporte de la Fabian Society y la Joseph Rowntree Foundation, publicado el 16 de agosto, pide al gobierno de Reino Unido que la Fair Work Agency litigue contra las plataformas que recurren al autoempleo falso, una figura que deja sin derechos básicos a unos 4 millones de trabajadores de la economía gig.
El reporte pide que la Fair Work Agency, creada en abril como organismo de vigilancia de los derechos laborales, use sus facultades de litigación civil contra empresas sospechosas de esa práctica. Titulado Status critical, también propone invertir la carga de la prueba: que sea la empresa quien demuestre que un trabajador es autónomo, y no el trabajador quien deba litigar su condición. El debate resuena en México, donde la discusión legislativa sobre la subordinación laboral en plataformas digitales examina un mecanismo comparable, en un esquema en el que hoy la clasificación de conductores y repartidores recae sobre los propios trabajadores.
En Reino Unido existen tres categorías de estatus laboral: empleado, trabajador intermedio y autónomo. Según el reporte, del que dio cuenta The Guardian, hasta 4 millones de personas, entre estilistas, entrenadores, repartidores y conductores de plataformas, quedan en la franja intermedia y pierden derechos como permiso parental, indemnización por despido o protección frente al despido injustificado. Luke Raikes, secretario general adjunto de la Fabian Society, dijo que si un trabajo se ve como empleo, las empresas deben tratarlo como empleo por defecto y esperar acciones de cumplimiento si no lo hacen. El análisis oficial del gobierno estima que los cambios previstos en su ley de derechos laborales costarán a las empresas entre 350 millones y 2.900 millones de libras. Un portavoz del gobierno respondió que el Ejecutivo consultará sobre el estatus laboral y evaluará cómo la agencia usa sus facultades de litigación civil.
La consulta que el gobierno se comprometió a abrir sobre el estatus laboral definirá si la Fair Work Agency litiga de forma activa contra las plataformas, una decisión que observan los reguladores de la región. Para México, el caso deja un patrón: la clasificación de los trabajadores de aplicaciones es un frente regulatorio abierto en varias latitudes.
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