La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró 115 tigres en México entre enero de 2022 y junio de 2026, en 67 lugares de 20 entidades federativas, según la respuesta de la dependencia a una solicitud de transparencia que reportó El Sol de México el 4 de octubre de 2026.

La misma respuesta precisa que la dependencia no cuenta con instalaciones propias para mantener a los animales de forma permanente, por lo que busca Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre, zoológicos y santuarios que los reciban de manera voluntaria, con espacio, instalaciones adecuadas y un plan de manejo autorizado. El cuello de botella ya se observa en los centros receptores: el Parque Zoológico Benito Juárez de Morelia acumula grandes felinos, aves y monos y requiere liberar espacio para seguir operando como centro de atención de emergencia para fauna asegurada o rescatada, informó La Voz de Michoacán el 1 de octubre de 2026. Para México, el dato dimensiona la infraestructura disponible para hacerse cargo de la fauna exótica que las autoridades retiran.

La distribución de los aseguramientos se concentra en unas entidades: Veracruz registra 24 tigres, Hidalgo 20, Jalisco 17 y Ciudad de México 12, mientras Nuevo León, Michoacán y Querétaro suman seis cada uno. La Profepa estima en unos 300 mil pesos anuales el costo de mantener un tigre, gasto que absorben las instituciones receptoras, y Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México y de Ostok Sanctuary, señaló que en un santuario ya equipado el costo ronda entre 35 mil y 40 mil pesos mensuales. En Tihuatlán, Veracruz, de los 22 tigres asegurados el 5 de junio de 2025 en una UMA, 14 permanecen en ese mismo predio como depositario mientras el procedimiento administrativo continúa. La mayoría de los ejemplares proviene de reproducción en cautiverio en México y, en muchos casos, la falta de marcaje impide determinar su origen.

El destino de los ejemplares depende de dos decisiones: la determinación final que corresponde a la Profepa y la apertura de espacio en los centros receptores. En Morelia, la ampliación del albergue de pumas, con inversión cercana a 3.5 millones de pesos y unos dos años de obra, marca el horizonte de esa capacidad.

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