La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cierra el miércoles 22 de julio su consulta pública para modernizar el Capítulo VII de sus Directrices de Precios de Transferencia, que introduce cinco cambios estructurales a las reglas con las que las empresas multinacionales deducen fiscalmente los servicios que se prestan entre sus filiales.
La revisión, abierta a comentarios desde el 1 de junio, moderniza las reglas para determinar cuándo un servicio entre filiales es genuinamente deducible y bajo qué condiciones. El documento introduce mayor exigencia documental y alinea la guía sobre servicios intragrupo con los principios generales de precios de transferencia que la OCDE estableció en reformas anteriores. Para México, el ajuste llega en un momento de mayor escrutinio fiscal. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), la actividad auditora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre operaciones entre partes relacionadas se ha incrementado de manera importante, lo que convierte el nuevo estándar internacional en una referencia que la autoridad fiscal mexicana suele incorporar en sus criterios.
El documento de consulta propone cinco modificaciones centrales: - Elevación del benefit test: las empresas deberán demostrar con evidencia que el servicio generó valor económico real para la filial receptora, como si esta lo hubiera contratado a un tercero. - Eliminación del margen en costos de paso: cuando la matriz solo actúa como intermediaria de pago, los costos se transfieren sin utilidad. - Delimitación estricta de actividades de accionista: juntas de consejo, consolidación financiera y obligaciones de la matriz se absorben al 100 por ciento por la oficina central. - Margen fijo de 5 por ciento para servicios de bajo valor añadido, sin necesidad de estudio de benchmarking. - Métodos avanzados obligatorios para servicios con intangibles o riesgos compartidos, que desincentivan el uso automático del costo más margen.
Tras el cierre de comentarios, la OCDE celebrará mesas redondas presenciales en noviembre de 2026, y la versión final de las directrices se publicará una vez concluido ese proceso. Para las empresas con operaciones en México, el calendario ofrece una ventana concreta para ajustar sus políticas de precios de transferencia antes de que el nuevo estándar se refleje en los criterios de fiscalización del SAT.
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