Michoacán arranca el ciclo escolar 2026-2027 con una novedad jurídica: el acceso a internet ya es un derecho constitucional en el estado. El programa D4TA, que ofrece datos móviles gratuitos a estudiantes de bachillerato y universidad pública, opera desde esta semana como la primera política de conectividad estudiantil respaldada por una reforma constitucional estatal en México.

El 14 de julio de 2026, el Congreso de Michoacán aprobó la reforma al artículo 139 de la Constitución estatal, impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La reforma reconoce el acceso a la conectividad digital como un derecho y obliga al estado a garantizar un servicio individualizado, continuo y suficiente, según reportó Changoonga. El diputado Hugo Rangel, del Partido del Trabajo, señaló que la medida coloca a Michoacán "a la vanguardia en el reconocimiento de los derechos digitales". Con este blindaje jurídico, el programa D4TA (Data para Todas y Todos) deja de ser una intervención temporal de gobierno y se convierte en una política de Estado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dona los chips; el gobierno estatal paga las líneas.

El programa D4TA entrega a cada estudiante 4 GB mensuales de navegación, además de llamadas, mensajes y redes sociales ilimitadas, válidos durante todo el semestre una vez confirmada la inscripción en una institución pública, de acuerdo con Quadratín. Para educación superior, el registro abre del 3 al 28 de agosto y la entrega de chips ocurre del 7 al 30 de septiembre, coincidiendo con los primeros días de clase. En nivel medio superior, el registro, entrega y activación se concentran del 17 de agosto al 2 de septiembre, durante el periodo de inscripciones, para facilitar el trámite con la presencia de padres y tutores. El registro se realiza en data.michoacan.gob.mx. La iniciativa forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

Michoacán es el primer estado del país que blinda la conectividad estudiantil con rango constitucional. El gobernador Ramírez Bedolla enmarcó el programa en el objetivo de que "ningún joven se quede sin entregar una tarea por falta de internet". Con la reforma vigente y el D4TA en operación, el modelo queda como referencia para otras entidades que busquen cerrar la brecha digital desde el marco jurídico.

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