China redujo a cero sus envíos de disprosio y terbio a Japón en el primer semestre de 2026, según datos aduaneros citados por Caixin Global. Dieciséis años después del primer corte de suministro, el caso japonés muestra cuánto cuesta y tarda diversificar cadenas críticas cuando un solo país concentra el procesamiento.

El antecedente es 2010, cuando Pekín suspendió brevemente los envíos de tierras raras a Tokio y Japón respondió con acopio, inversión pública y acuerdos de suministro con productores de Australia y Canadá. La dependencia persiste: Japón sigue siendo el mayor importador mundial de metales de tierras raras y, según Foreign Policy, los expertos consideran que la diversificación tomó años y quedó incompleta; la investigadora Mireya Solís, del Brookings Institution, la describe como una estrategia de red donde ningún país resuelve solo el suministro. China procesa cerca de 85% de las tierras raras del mundo y produce 92% de los imanes, una concentración que convierte el suministro en un instrumento de política comercial. Para México y América Latina, que discuten políticas de minerales críticos como el litio, el caso japonés define el horizonte real de cualquier estrategia: no se resuelve en un sexenio.

El esfuerzo actual combina financiamiento público y alianzas con empresas. En julio, la agencia estatal japonesa JOGMEC invirtió hasta 47.7 millones de dólares canadienses en el proyecto de tierras raras pesadas Lofdal, en Namibia. En marzo, Lynas Rare Earths y Japan Australia Rare Earths firmaron un acuerdo por 5,000 toneladas anuales de aleación de neodimio y praseodimio. El fabricante de imanes Shin-Etsu dejó de aceptar pedidos con disprosio y planea una nueva refinería, y según la consultora Argus los fabricantes japoneses consiguen apenas dos tercios del suministro que necesitan. El dato clave: los proyectos respaldados por JOGMEC tardarán uno o dos años en escalar y la nueva producción no se espera antes de 2027-2028, según Caixin.

La lección que deja Japón a la política de minerales críticos es de calendario: un proyecto financiado hoy tarda uno o dos años en escalar y no alcanza plena producción antes de 2027-2028. Para México, el referente anticipa que construir capacidad propia de procesamiento toma más de un periodo de gobierno.

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