El 30 de junio de 2026 cerró en España el mayor programa de regularización migratoria desde 2005 con 1,174,978 solicitudes recibidas, casi el doble de las 500,000 que el gobierno de Pedro Sánchez había estimado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reportados por Al Jazeera el 14 de julio.
El programa, lanzado en abril de 2026 mediante decreto de emergencia, permite a personas migrantes en situación irregular que residen en España desde antes del 1 de enero de 2026 obtener un permiso de residencia y trabajo renovable por un año. De acuerdo con la misma fuente, 608,000 solicitudes han sido admitidas a trámite con permiso provisional y 159,097 personas ya cotizan en la Seguridad Social española. La medida fue impulsada por la plataforma Regularización Ya con respaldo de la Iglesia Católica, sindicatos y organizaciones empresariales, y corre a contracorriente del endurecimiento migratorio que predomina en la Unión Europea.
El perfil de los solicitantes confirma el peso latinoamericano en la migración a España: el 30 por ciento de las aplicaciones proviene de Colombia; 14 por ciento de Marruecos; 10 por ciento de Venezuela; y 9 por ciento de Perú, según reportó la agencia Anadolu. Seis de cada 10 solicitantes tienen menos de 34 años. El gobierno destinó más de 500 millones de euros al programa, que incluye formación en idioma e integración profesional. Las autoridades tienen hasta finales de septiembre de 2026 para resolver el grueso de los expedientes. Gobiernos regionales en Valencia, Aragón y Madrid han presentado recursos judiciales contra la legalidad del decreto.
El programa español ofrece un modelo de política migratoria basado en regularización masiva e integración económica, distinto al enfoque restrictivo dominante en Europa. Para países latinoamericanos con diásporas significativas, la experiencia española aporta evidencia sobre los efectos fiscales y laborales de la regularización a escala, un dato relevante para el diseño de políticas migratorias en la región.
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