La junta militar de Myanmar calificó el viernes 20 de noviembre como «injusto» el fallo con el que el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) concluyó que el ejército de ese país cometió genocidio contra la minoría rohinyá en 2017, y subrayó que la decisión no fue unánime: se aprobó por nueve votos contra seis.
La sentencia, la primera con la que el máximo órgano judicial de la ONU responsabiliza a un Estado de genocidio, llegó siete años después de que Gambia presentara la demanda, de acuerdo con El País. La Unión Europea la recibió como un fallo de referencia y pidió cumplirlo de inmediato; Reino Unido reiteró su respaldo a la corte y Australia llamó a Myanmar a acatarlo, según The Guardian. China expresó su preocupación por la «extralimitación de la jurisdicción y la interpretación extensiva», y Washington dijo que examina el fallo mientras pide evitar la politización del tribunal.
Esa división importa a México y a América Latina porque fija el estándar sobre cuánto pesa el derecho internacional frente a la soberanía de los Estados. The Guardian apunta que el fallo sienta precedente para otras causas abiertas, como la de Sudáfrica contra Israel por Gaza y la de Ucrania contra Rusia. La corte no tiene policía propia: sus resoluciones son vinculantes, pero su cumplimiento depende de la presión diplomática.
El fallo obliga además a Myanmar a indemnizar a los rohinyás, con una cuantía que se determinará en las próximas semanas o meses, y a permitir el «regreso seguro y digno» de los desplazados. Unos 1.2 millones de rohinyás viven en campos de Bangladés, según El País. La portavoz del Ejecutivo, Khaing Khaing Soe, sostuvo en Naipyidó que «nuestro país ha sido acusado injustamente» y que la decisión «no es unánime y no es justa». El ejército birmano niega el genocidio y sostiene que sus operaciones de 2017 respondieron a ataques de un grupo insurgente. La jueza china en el TIJ, Xue Hanqin, votó contra la sentencia.
El tribunal definirá en las próximas semanas o meses el monto de la reparación, el primer paso para medir cuánto del fallo se convierte en obligaciones concretas. La presión de la Unión Europea, Reino Unido y Australia, frente a la postura de China, marcará ese camino.
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