El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) concluyó el 19 de noviembre de 2026 que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá en las operaciones militares de 2016 y 2017. Nueve de los quince jueces respaldaron la sentencia, la primera en la historia del máximo órgano judicial de la ONU que declara a un Estado responsable de ese delito.

El caso llegó al tribunal en 2019 por iniciativa de Gambia, un país africano sin vínculo directo con el conflicto, que invocó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948, según El País. Los rohinyás son una minoría musulmana en un país de mayoría budista; una ley de 1982 ya los había excluido de la ciudadanía. El fallo cierra un litigio de siete años y establece un criterio sobre responsabilidad estatal que organismos internacionales y cancillerías pueden citar en procesos futuros. Para México y América Latina el efecto es concreto: la convención obliga a los Estados firmantes a prevenir y castigar el genocidio, y el tribunal precisó cómo se acredita la intención de destruir a un grupo, estándar que los países de la región pueden usar en foros multilaterales.

El tribunal determinó, por 11 votos contra cuatro, que Myanmar no evitó el genocidio ni castigó a los responsables, y ordenó reparaciones que incluyen el retorno seguro de los rohinyás, la restitución de bienes y atención física y mental. El presidente del TIJ, Yuji Iwasawa, señaló que cerca de 1.2% del millón de rohinyás que huyeron a Bangladés pereció por la violencia, de acuerdo con The Guardian. La sentencia también reconoció que la violencia sexual se usó de forma sistemática para impedir nacimientos, un elemento que la convención contempla como prueba de intención genocida. Los jueces rechazaron la versión de Myanmar de que sus operaciones buscaban combatir a un grupo insurgente.

El fallo no tiene mecanismo de ejecución propio, pero sus resoluciones son vinculantes y pueden orientar sanciones y acciones diplomáticas. Con otras demandas en curso bajo la misma convención, entre ellas la que Sudáfrica presentó en 2023 contra Israel, el criterio del tribunal sobre intención y responsabilidad estatal marca el terreno para esos procesos.

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