La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) calcula que hasta 30% de sus agencias asociadas, alrededor de 1,000 establecimientos y 70,000 empleos directos, está en riesgo de cierre por el nuevo límite de 96.6% a la deducibilidad de gastos de la reforma al Impuesto sobre la Renta (ISR), según Expansión. El sector reúne cerca de 180,000 puestos de trabajo directos en el país.
El límite forma parte del paquete fiscal aprobado con modificaciones en el Senado de la República y devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional. La medida se planteó para atajar abusos fiscales como el uso de facturas falsas, y su alcance incluye a negocios que operan de forma legal y cuyos márgenes reducidos responden a la estructura de su actividad, de acuerdo con el organismo. La AMDA solicita al Ejecutivo un decreto que reconozca a la distribución de vehículos como una actividad de bajo margen, reportó Forbes México el 28 de octubre. Para México el asunto toca la operación de miles de negocios formales cuyo resultado depende de un margen estrecho entre el precio de compra a la armadora y el de venta al público.
En la distribución automotriz, vender más no equivale a ganar más. Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, señaló que "al tratarse de una fórmula algebraica, la medida no considera la capacidad contributiva, al contrario, a menor margen, mayor tasa efectiva". El organismo sitúa la utilidad antes de impuestos de las distribuidoras entre 1% y 3% de sus ventas. Con esa base, una agencia con 2% de margen enfrenta una tasa efectiva de ISR de 50% en lugar del 30% legal, y con 1% la tasa efectiva llega a 100%, según los cálculos de la AMDA. Eduardo Sverdlin, director de Grupo Kasa Automotriz, describió el punto de partida del negocio: las mejores marcas operan con un margen neto cercano a 5%. Ese margen bruto se consume en salarios, comisiones y gastos de operación, de modo que la utilidad final queda lejos de la facturación que reporta el negocio.
La reforma vuelve ahora a la Cámara de Diputados para su revisión constitucional antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras la AMDA mantiene abierta su petición de un decreto presidencial. El calendario de esa revisión y la respuesta del Ejecutivo marcarán el costo operativo con el que las distribuidoras planean el ejercicio fiscal 2027.
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